La consideración de un documento confidencial de Gas Sayago detallando los salarios de jerarcas por $ 2 millones mensuales sin que la obra de la regasificadora avanzara en los dos últimos años, y de algunos documentos contractuales, generó una áspera disputa entre oficialismo y oposición en la comisión investigadora de Diputados sobre la planta paralizada, según informó hoy el Diario El País.

El diario capitalino agrega que los representantes del Frente Amplio pidieron analizar el documento "en secreto", pero la oposición se lo negó. El contrapunto continuó incluso fuera de la reunión de la comisión, en los pasillos, donde se vio discutir acaloradamente a los diputados frenteamplistas Alejandro Sánchez, Roberto Chiazzaro y Carlos Varela con los nacionalistas Mario García y Pablo Abdala. Finalmente el diferendo se zanjó tomando por el camino del medio: haciendo públicos los salarios y dejando en reserva los contratos.

Así, ese documento reservado datado este mes,  señala que Gas Sayago gasta unos US$ 3 millones por año ($ 2 millones por mes) en salarios de una veintena de funcionarios a pesar de que la obra está detenida hace más de dos años.

Cuando Marta Jara, actual presidenta de Ancap, dejó la gerencia general de Gas Sayago para pasar a la petrolera, ganaba $ 440.000 por mes. La gerenta general que la sustituyó fue contratada por un salario menor, y hoy gana $ 365.000 mensuales. El presidente Tabaré Vázquez, en su última declaración jurada ante la Jutep, declaró que percibe mensualmente unos $ 319.000.

Según el documento, dos gerentes perciben alrededor de $ 200.000 mensuales, la persona que ocupa el cargo de coordinador del gasoducto cobra $ 231.000 al mes, el director de obra del gasoducto percibe $ 199.000 mensuales, un cargo de especialista en comunicación cobra $ 102.000, el jefe de operaciones marítimas cobra $ 199.000, la contadora técnica $ 231.000 y el gerente de finanzas y servicios percibe $ 209.000 mensuales.

En el documento se señala que el encargado de relaciones institucionales y un auxiliar de atención ciudadana se encuentran en el Seguro de Paro.

El documento especifica que el total de salarios que se paga por mes en cifras nominales es de $ 1.997.210.

Consultado, el diputado oficialista Chiazzaro entendió que el de los contratos es un tema "personal". En cuanto a los salarios, no opinó "si está bien o mal lo que ganan" esos funcionarios. En particular sobre los dos cargos de coordinador y director de la obra del gasoducto Cruz del Sur que conectaría con la planta regasificadora en tierra, Abdala recordó que "hace dos años que quedó pronto" y sin embargo, siguen cobrando esos sueldos.

Por su parte, el diputado Abdala opinó que se trata de "sueldos altos", que están "por encima de la media del país y también de lo que paga el Estado". Gas Sayago "administra recursos públicos", dijo el legislador. Ese fue uno de los temas más ríspidos que se discutieron ayer en la investigadora.

Martínez y Sendic.

La comisión investigadora recibió ayer al expresidente de Ancap y actual intendente de Montevideo Daniel Martínez, mientras que la semana próxima se espera la visita del otro expresidente del ente petrolero, el actual vicepresidente Raúl Sendic.

Martínez, cuya gestión estuvo al comienzo de la planificación de la regasificadora, se mostró a favor de tener una matriz energética alternativa, es decir como reserva, con el gas. El proyecto está parado desde hace más de dos años y no se sabe si continuará adelante.

Para Chiazzaro "queda claro que todas las previsiones fueron correctas", aunque admitió que "puede haber habido algún error" en el proceso de gestión. Esto es, precisamente, lo que investiga la comisión. También aseguró que el retiro de la constructora OAS "trastocó los planes" del proyecto, sumado a las diferencias en el precio del petróleo cuando se diseñó la planta, donde el barril estaba por los US$ 150, y hoy a US$ 50.

El legislador oficialista descartó cualquier "ilicitud" en la gestión de Gas Sayago, y remarcó que la demanda argentina "nunca ha bajado" porque ese país "nunca pudo solucionar el problema de abastecimiento".

Martínez explicó que hoy el proyecto Vaca Muerta en Argentina requiere de una inversión enorme que el gobierno de Mauricio Macri no está en condiciones de llevar adelante.