El Diputado Gerardo Amarilla estuvo en Mercedes en el marco de una recorrida que viene realizando por distintas localidades y ciudades capitales del interior.

En la ocasión departió con correligionarios y simpatizantes acerca de las realidades del país y temas que se plantearon y que tienen que ver con la cotidianeidad tales como educación, seguridad, ley de abuso de funciones aún en discusión entre otros.

Sostuvo que existe en él gran preocupación por estos tópicos que en definitiva marcan las distintas comunidades.

Gerardo Amarilla es un abogado y político uruguayo perteneciente al Partido Nacional elegido por el departamento de Rivera que responde a la línea de Luis Alberto Lacalle Pou.

En su pasaje por la capital departamental sostuvo que el anuncio del Dr. Jorge Larrañaga de volver a ser precandidato de cara a las próximas elecciones  aporta al Partido pero al mismo tiempo entiende que es muy temprano para hablar de elecciones “cuando los problemas de la gente son otros”.

Expresó que el político debe estar atento a lo que piden los vecinos y en este momento lo que solicitan es “más fuentes de trabajo, más seguridad, mejor calidad en la educación”.

Con respecto a la ley de abuso de funciones que cuenta con media sanción de la Cámara Alta, el legislador manifestó que es un tema complejo porque debe ser el Juez el que decrete si hubo o no, en determinadas situaciones.

En ese sentido ejemplificó que “el Intendente Carmelo Vidalín del departamento de Durazno, en su momento, decidió alquilar una pensión para que vivieran allí los damnificados por las inundaciones mientras las aguas no bajaran. Como el costo de la pensión a criterio del Juez era caro, lo acusó de abuso de funciones, finalmente no fue procesado pero pudiera haberse concretado por haber tomado una decisión que puede haber sido correcta e incorrecta. El artículo en discusión da a los Jueces la posibilidad de actuar con cierta arbitrariedad”.

Entiende que tal vez el tema debe ser tratado pero interpreta que no es el momento “cuando hay gente procesada o en trámite de procesar por esa ley. Porque estaríamos como políticos y parlamentarios ajustando el Derecho a la conveniencia del momento. El código procesal aún está durmiendo en los cajones de la Comisión de Legislación y Códigos, por lo cual debería esperarse a discutir ese Código para ver qué figura le damos. Por lo tanto no voy a acompañar la derogación con el voto cuando llegue el momento”, concluyó.

Sostiene que sería una muy mala señal del sistema político derogar el único delito que permite imputar a alguien que estuvo al frente de la administración pública.

El artículo 162 del Código Penal que el Frente Amplio propone derogar, refiere al abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Concretamente en su redacción establece: “El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 unidades reajustables (hoy $ 9.840) a 3.000 (unos $2.952.000) UR”, establece el artículo del Código.