Una adolescente de 17 años abandonó el liceo porque su madre consiguió un empleo y ella quedó encargada del cuidado de sus dos pequeños hermanos.

Tiempo después, ese hogar dejó de cobrar la asignación familiar que le correspondía debido a que la normativa vigente establece la obligatoriedad de suspender la transferencia de dinero en los casos en que los niños y los adolescentes hayan dejado de concurrir a los centros educativos.

Ese aspecto de la reglamentación estará en el centro del debate sobre políticas sociales en los próximos meses debido a que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) propondrá eliminar ese condicionamiento que, en el correr de 2016, determinó que se le quitara la asignación a 11.334 padres.

La subsecretaria del Mides, Ana Olivera, dijo que, lejos de ser casos aislados, las situaciones como de la adolescente del comienzo, son frecuentes. Aseguró que el Mides conoce esos casos gracias a la política de cercanía territorial que lleva adelante en todo el país.

Ese ministerio, que lidera Marina Arismendi, tiempo atrás salió al cruce de la suspensión de las asignaciones familiares dispuesta por el Poder Ejecutivo. El argumento para el rechazo de esa decisión es que se trata de un castigo que no ayuda al niño a volver a la escuela. Ahora, el Mides volverá a la carga con ese tema.

Próximamente, será convocado el Gabinete Social con el objetivo de realizar una evaluación general de la política de transferencia monetarias. Allí, cuando todas las partes involucradas estén sentadas alrededor de una mesa, esa cartera argumentará que es hora de abandonar esa disposición.

"Lo bueno es que concurran y que cobren la asignación. Este es un debate que no está saldado y que seguramente seguiremos dando.