Fue anulada una reforma realizada en la Dirección de Aduanas, que costó al Estado 22 millones de dólares.
Un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo desmanteló una reestructura aprobada en 2013 que fuera financiada por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
La decisión implica la caída de 70 puestos de trabajo, algunos de los cuales son funcionarios presupuestados y otros contratados.
Los ambos fueron impulsados por el director Enrique Canon. Se crearon nuevas unidade sy servicios.
Para el tribunal los cambios violaron "el derecho a la carrera funcional" dentro de Aduanas. Los cargos jerárquicos se iban a ocupar en forma transitoria por decisión del director de la repartición en base a un "criterio de dedicación exclusiva" y un "acuerdo de gestión".
Para el gremio de funcionarios el fallo judicial "es una victoria" por más que sea "doloroso" que Aduanas haya gastado una gran cantidad de diner es "una monstruosidad jurídica", dijo Basilio Pintos, dirigente gremial.
