El costo de la infraestructura ferroviaria cercana a los mil millones de dólares que Uruguay deberá afrontar  para que UPM se instale en el país, no tiene hasta ahora quien lo financie.

La empresa no quiere pagar nada de esa inversión y una inversión privada o un préstamo sería la alternativa, aunque el Ministerio de Economía pretende que en veinte o treinta años sea la empresa la que amortice esta inversión, pagando impuestos.

Tanto el MEF como el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, son los más reacios a que se le otorgue una nueva Zona Franca. La empresa pretende que no se le cobre el Impuesto al Patrimonio, pero el gobierno entiende lo contrario. La autorización a la entonces Botnia para instalarse en Fray Bentos, implicó  la autorización para explotar una zona franca por un plazo de treinta años, por la que la empresa paga 700.000 dólares anuales. La magnitud del beneficio que durante trece años ha determinado esas exoneraciones impositivas, permanece bajo estricto secreto de la DGI y el gobierno quiere que por lo menos ese canon aumente a un millón de dólares al año.