La Dirección General Impositiva (DGI) detectó una nueva trama de evasión fiscal mediante facturas adulteradas. Por este caso, la justicia procesó sin prisión a una persona.

El imputado usaba documentación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) para registrar operaciones de compraventa que no eran reales, así como también falsificaba facturas de esa empresa para documentar otras operaciones que tampoco existían. Esto ocurrió en Paysandú.

Estos movimientos permitían bajar la carga impositiva por concepto de IVA e IRAE a pagar por el contribuyente al fisco. La evasión se estima en $ 3,8 millones.