El máximo tribunal venezolano tuvo que dar marcha atrás a dos sentencias con las cuales se adjudicó las facultades del Parlamento dominado por la oposición y que además conferían amplios poderes el presidente Nicolás Maduro.

La decisión fue resultado de un acuerdo entre los representantes de los poderes públicos -excepto el Legislativo- convocados por Maduro tras el fuerte rechazo internacional que desataron los fallos emitidos esta semana.

Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "suprimió" partes de ambas sentencias.

Así, por un lado revirtió su decisión de asumir las funciones de la Asamblea, alegando que se encontraba en "desacato" a sus fallos, y del otro anuló los poderes que había otorgado a Maduro para revisar la legislación sobre delincuencia organizada y terrorismo.

La corte había justificado esos poderes en el estatus de desacato en que declaró al Parlamento hace más de un año, y ante la posibilidad de que en el país se estuvieran cometiendo "delitos militares".

Las cabezas de los poderes públicos -agrupados en el llamado Consejo de Defensa- acordaron en la madrugada "exhortar" al TSJ a "revisar" los fallos para "mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes", según un comunicado.

Fueron convocados por Maduro para zanjar diferencias luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara el viernes que los fallos del TSJ suponían una "ruptura del orden constitucional".