La tragedia ocurrió el 25 de octubre pasado en un depósito de fuegos artificiales en Toledo, Canelones.

Allí, cuatro trabajadores perdieron la vida al explotar el local destinado al acopio de material pirotécnico.

A partir de entonces, familiares de las víctimas emprendieron acciones penales contra los dueños de la empresa intentando demostrar las omisiones de los responsables del local e imputarles la tipificación de homicidio culposo.

La empresa esgrimió ante la jueza del caso que era una práctica común entre los empleados gastarse bromas tirándose chasqui boom y que esa podría haber sido el punto de inicio para la explosión.

La empresa fundó su argumento legal en base a declaraciones de un empleado que reconoció ese tipo de juegos entre los compañeros.

No obstante, el abogado de una de las familias, Oscar López Goldaracena, dijo que ese testimonio fue impugnado en el juzgado porque el empleado tenía determinado tipo de vínculo con la empresa que condicionaba su declaración.

Además, sostuvo que en materia penal la eventual culpa de las víctimas no exime de responsabilidades a los dueños de la fábrica.