Una sucesión de versiones vinculadas a la economía está comenzando a preocupar cada vez más seriamente al gobierno que asegura que son producto de intencionalidades. 

Tras el decreto del pasado 13 cuando el Poder Ejecutivo anunció que la filtración de documentos a la prensa por parte de funcionarios públicos será considerado falta grave y pasible de sanciones que llegan a la destitución, las aguas se dividieron entre el derecho a la libertad de prensa y el supuesto perjuicio que causa la multiplicación a través de internet de rumores que terminan dándose como ciertos. 

Varios hechos negativos protagonizados por olas de quiebres de empresas y la incertidumbre natural sobre el futuro internacional en el corto plazo, han alentado algunos pronósticos desfavorables que a ciencia cierta no se sabe si están o no debidamente fundados. Lo que parece claro es que el gobierno advierte la peligrosidad de que la opinión pública los tome en serio y termine repercutiendo negativamente.