Cuando el secretario y pro-secretario de la Presidencia se presentaron ante la Fiscalía de Corte avalados por la bancada de legisladores del Frente Amplio, se ratificó lo anunciado en la conferencia de prensa del miércoles, calificando de estafa la negociación con la empresa Cardama de España cuyo contrato fue denunciado, dando lugar a un litigio de proporciones. Sin embargo desde la oposición se está insistiendo en que la denuncia no está en proporción con lo ocurrido, incluyendo la decisión del propietario del astillero, que procura reunirse con el Presidente Orsi a fin de explicar que un defecto en la garantía no debe interrumpir la construcción de la primera lancha oceánica que ya tiene más de un 60% construído. 

Cardama indicó que no habrá de parar la obra de forma inmediata ya que hay 500 trabajadores en plena ocupación e insistió en que la garantía en su opinión está vigente y que no se ha incumplido el contrato por lo que, lo lógico, sería que se aclararan los inconvenientes que hay y continuar con el contrato, aceptando la opción de que el gobierno no quiera seguir con el tema, tomando entonces las decisiones que correspondan.

Observadores y dirigentes de la oposición han indicado que desde hace bastante tiempo el Frente Amplio busca desacreditar todo lo hecho en el gobierno anterior, apuntando a Lacalle Pou y agregan que el interés de China que perdió la oferta contra Cardama, está detrás de la maniobra.

A todo esto nada indica que dentro del gobierno pueda haber lugar para una reconsideración de una decisión que se considera cerrada, por lo que se irá hasta las últimas consecuencias en la rescisión del contrato con la naviera de Pontevedra.