El cobro de bienes y servicios utilizando tarjetas de crédito desde el punto de vista del comerciante, no tiene los mismos resultados que lo que aparentemente se pensó desde el gobierno. Comerciantes sostienen que las empresas están empezando a rechazar la tarjeta como medio de pago, en reacción a lo que sienten como una medida que los atrapa.

Las tarjetas -se explicó- que hace muchísimos años estaban en manos de privados, han pasado a manos de entidades de intermediación financiera, que captan el ahorro público y cambian las reglas de juego.

Años atrás, eran emisores privados donde el costo de la transacción se repartía entre comerciantes y usuarios. Ahora las ganancias quedan en manos de los bancos, un hecho que no es bien visto por los comerciantes.

Se trata de cuatro o cinco emisores que se asegura han "cartelizado y corporativizado" las condiciones que les imponen a los comerciantes  porque quien no vende con tarjeta, está destinado a morir en el mercado.

No existe -dicen- un mecanismo que sustituya a la tarjeta. Aceptar la tarjeta, para un comerciante implica un arancel del 5% y un costo administrativo que involucra más del 10% de su negocio. Además, se le atribuye una inconstitucionalidad porque el comerciante prácticamente está impedido de evitar la tarjeta de débito o el instrumento electrónico.

La Ley sigue siendo compleja. Los comerciantes sostienen que si lo que se quiere es bancarizar a la población, el costo debería dividirse entre las partes de manera que resulte más accesible a todos.