Una controvertida discusión en la Cámara de Diputados anoche, debatió la ley que establecía la obligatoriedad por parte del SUCIVE de instalar en todos los puntos donde hay radares, un radar pedagógico o de advertencia con el agregado de que al término del plazo oportunamente otorgado (30 de junio del corriente año), la ley caería en el caso de que no se cumpliera con las obligaciones.

En tal hipótesis, las multas que se hubieran cobrado en el período carecerán de valor y en el caso de que hayan sido pagadas por el usuario, tendrán que ser reintegradas a los propietarios de los vehículos infractores.

La discusión en cuanto a que correspondía o no esta instancia, llevó a los legisladores a trenzarse en dos posturas totalmente diferentes.

Los legisladores del oficialismo optaron por defender la hipótesis de un pedido de prórroga que se realizó para extender el plazo por un año más, mientras que los de la oposición opinaron que no se puede prorrogar un plazo de algo que no existe, ya que caducó en el último día de junio. El tema finalmente fue sujeto a votación resultando afirmativa la opción de extensión aunque el tema no está resuelto ni mucho menos.