Una serie de reacciones provocó la decisión del gobierno de suspender las licencias médicas en un régimen especial, lo que fue calificado como "un paso atrás" y la vuelta a un abanico de abusos, especialmente en el sector estatal.

Desde 2016 se produjo un incremento significativo constante en la cantidad de licencias médicas que llegó a un "pico" en 2019 con un aumento explosivo de certificaciones, tanto en ANEP como en el Ministerio del Interior y ASSE.

El régimen implantado en el gobierno de Lacalle Pou había fortalecido controles otorgando potestades disciplinarias si se constaban irregularidades en el uso de la licencia por parte de los funcionarios.

Ahora, la decisión del actual gobierno de suspender por lo menos por 60 días esa resolución, ha creado una confrontación en diferentes sectores de la opinión pública y también en el terreno político.

El promedio de días certificados por año en la Administración Pública llegaba a 52 en el caso de AFE, 48 en el caso de ASSE, 43 en el Ministerio del Interior, 42 en dependencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, llegando de manera decreciente hasta 10 en las dependencias territoriales de UTEC. 

Precisamente en el informe de la ONSC se señala que la mayoría de los empleados estatales 58% no se ausentó por enfermedad ni siquiera un solo día en la última medición.

Abogados laboralistas habían argumentado meses atrás que el nuevo régimen terminaría una recaudación económica por la vía de los descuentos, pero no iba a reducir en absoluto la cantidad de licencia médica.

Uno de los integrantes de la Coalición que fustigó duramente la propuesta del gobierno, fue el ex ministro de Trabajo Pablo Mieres, quien sostuvo que "es lamentable que se haya tomado esa decisión, lo que deja la sensación de que el gobierno está aflojando ante las presiones de los sindicatos".