Con la finalidad de perseguir las maniobras de lavado producto del narcotráfico, el gobierno envía un proyecto de ley destinado a modificar la ley que reglamenta las operaciones con dinero, a la vez que se suprime la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado que había sido creada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Bajo el argumento que desde que se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado nunca se obtuvieron los resultados esperados, el proyecto enviado al Parlamento propone su eliminación.   La creación había buscado que se investigaran más casos y se obtuvieran mayores condenas por este delito, aumentando así la cantidad de decomiso de bienes que provenían del Crimen Organizado, pero a juicio del gobierno los resultados no fueron los esperados, por lo que las nuevas autoridades plantean que los fiscales que investigan los delitos de narcotráfico, sean también quienes investiguen el delito de lavado de manera paralela. 

El texto también propone bajar el máximo autorizado para efectuar pagos en efectivo. La Ley de Urgente Consideración (LUC) había establecido esta cifra en poco más de 150 mil dólares, pero el gobierno de Orsi lo bajará a alrededor de 40 mil dólares.

Por otro lado, el Ejecutivo impulsa que haya nuevos delitos precedentes que habiliten a la Fiscalía a comenzar indagatorias por lavado de activos, como los ciber-delitos y el fraude en entidades que integran el Sistema Financiero Nacional.