Trabajadores de la Construcción aseguraron en el marco del paro general parcial de carácter nacional llevado a cabo este miércoles que para cambiar la forma de cálculo de la licencia y el salario no hubo instancias de negociación real y no se tuvo en cuenta que el último Convenio Colectivo establece no innovar y marca la necesidad de un diálogo social amplio.

Como habíamos adelantado el sindicato que los agrupa convocó a las puertas de las sucursales del BPS de Mercedes y Dolores en lo que respecta a Soriano, haciendo lo propio en el departamento de Río Negro, a todos aquellos obreros que sindicalizados o no estuvieran de acuerdo con el rechazo a lo dispuesto, convocatoria que tuvo importante eco.

En la ocasión dirigentes locales hicieron uso de la palabra aportando detalles de los cambios que se pretenden introducir pero también las pretensiones que tienen.

En ese sentido afirmaron que un punto central, es la defensa de la Ley de Unificación de Aportes por entender que es una cuestión reivindicativa legítima. “Pero es mucho más que eso, es defender nuestra historia y honrar la lucha librada durante décadas y hasta en los peores momentos. En plena dictadura, cuando la solidaridad era un delito, la dictadura quiso derogar la Ley de Aporte Unificado.  Aún en esas condiciones, nuestro sindicato convocó a una huelga para defender la Ley de Aporte Unificado. El SUNCA fue a la huelga, afrontando nuestros compañeros un precio altísimo, en presos, torturados y desaparecidos, nuestros locales fueron ocupados y el sindicato ilegalizado. Pero honraron la tradición de lucha de todo el movimiento obrero. Estuvieron a la altura de la historia. Hoy tenemos que honrar esa tradición y también nosotros estar a la altura de la historia”

Ratificaron que lo que se pretende es “impedir la concreción de una iniciativa del Poder Ejecutivo y del Directorio del BPS, que cambia la forma de calcular nuestra licencia y nuestro salario vacacional. Y lo hacemos porque perjudicaría a miles de trabajadores en un derecho: la licencia y el salario vacacional; porque implicaría un retroceso en una conquista histórica de nuestro SUNCA como la Ley de Aporte Unificado que mencionábamos y su aplicación concreta y porque responde a una manera de pararse ante la realidad que no compartimos: no se resuelven los impactos de la crisis del capitalismo en nuestro país recortando derechos de los trabajadores”, subrayaron.

Afirmaron que tienen  argumentos que fundamentan estas afirmaciones señalando que “la iniciativa es un supuesto déficit en el Fondo de Reserva de la Construcción. Eso no es así. Partiendo de los propios datos que suministra el BPS, el Fondo Social de la Construcción, entre los años 2002 y 2015, da un superávit de más de 2.400 millones de pesos (unos 86 millones de dólares) en términos reales. Sólo presenta resultados deficitarios en los años 2014 y 2015, pero el balance general es altamente positivo y sin riesgos inmediatos, ni mediatos. No hay déficit”.

Agregaron que “esta iniciativa, que impacta sobre un tema tan importante y sensible para los trabajadores, no está fundamentada en ningún estudio de las causas del déficit de estos dos últimos años y tampoco en ninguna proyección sobre el futuro, ni de balances ni de escenarios posibles”.

Por lo tanto, aseguraron: “la propuesta del directorio del BPS implicaría una terrible consecuencia para los trabajadores de la industria de la construcción según su propias estimaciones como podrá apreciarse, se pasarán a pagar 83.644 jornales de licencia menos y similar cantidad de jornales de salario vacacional (sumados significan 167.288 jornales menos, llevados a montos económicos, para recuperar la cantidad de jornales que se recortan con la propuesta sería necesario un ajuste del 9,46%.

Con el cálculo actual, debido al impacto de las nuevas tecnologías de construcción, que acortan el tiempo de terminación de las obras, más la tradicional rotatividad de una obra en otra en nuestra industria, hacen que el promedio actual de días de licencia pagos en la construcción no llegue a 8 días. Con esta propuesta pasaríamos a 6 días. 

Esto se debe, entre otras cosas, a que el promedio de jornales efectivamente trabajados en los últimos 15 años en la industria, por causas ajenas a trabajadores, es inferior a 17 por mes. En ese escenario la iniciativa del Poder Ejecutivo y el Directorio del BPS implicarán una dificultad, aún mayor, para que miles de trabajadores y trabajadoras, tengan su derecho a licencia.

En la situación actual, apenas algo más del 17 % de los trabajadores del gremio alcanza 20 jornales de licencia, con el recorte bajaríamos a poco más del 13 %.

Los argumentos anteriores se refieren a aspectos centrales del contenido y del impacto de la iniciativa del Poder Ejecutivo y del Directorio del BPS que rechazamos. Pero también manifestamos nuestra discrepancia con la forma en que se la trabajó y se pretende adoptarla. No hubo instancias de negociación real, no se tiene en cuenta que el último Convenio Colectivo establece no innovar y marca la necesidad de un diálogo social amplio”, concluyeron.