Trabas, temores y desencuentros rodean la puesta en marcha de la venta regulada de la marihuana, mientras el uso medicinal busca voluntades políticas en medio de presiones que tienen como contracara el interés de alcanzar un nivel de excelencia muy difícil para el Uruguay. El acceso del público al cannabis como alternativa medicinal va ganando terreno, aunque tiene un alto costo como por ejemplo, el más común (el utilizado para la esclerosis múltiple).

Muchos médicos intentan que la utilización con fines terapéuticos avance por encima de las trabas legales en medio de una gran complejidad que busca ser salvada con reuniones de expertos y laboratorios nacionales e internacionales.

Cuando fue regulada la Ley 19.172 se estableció la creación de una Unidad Especializada con carácter técnico destinada a fomentar investigaciones sobre los efectos en la salud integral de las personas. 

El Ministerio de Salud Pública ha buscado determinar la eficacia del cannabis medicinal para reducir el consumo de pasta base y cocaína y estudiar los efectos en pacientes con epilepsia refractaria. 

Se trataba de dos proyectos que datan del 2016, ninguno de los cuales fue definitivamente aprobado. 

Además, los laboratorios no parecen interesarse definitivamente ya que no hay, hoy por hoy, un mercado nacional que lo respalde. 

Hace algunos años la Sociedad de Psiquiatría de nuestro país había concluido que desde el punto de vista médico era desaconsejable el uso del cannabis, ya que la marihuana puede producir episodios psicóticos agudos, experiencias delirantes y alucinaciones, presentando efectos físicos adversos. La posición del gobierno es que los usos medicinales deben ser impulsados siempre que estén fundamentados con evidencia científica.

Sin embargo, la habilitación para que un producto se convierta en un medicamento, la otorga el MSP y es allí donde se complejiza el tema.