El acuerdo arribado en la coalición de gobierno establece que siempre será el Juez que a pedido de parte y previo a informes sanitarios de la persona y la vista fiscal, podrá disponer o no la prisión domiciliaria, aunque en ningún caso se verá obligado a hacerlo.

Para ello, el proyecto identifica siete situaciones para darle a los jueces las armas necesarias, quedando siempre a su criterio. Estas situaciones son: enfermedad, discapacidad, embarazo en todas sus etapas, situación de lactancia y hasta los 2 años, madres con hijos a cargo menores de 5 años o mayores si no hay otra persona que se haga cargo, situaciones del entorno que lo justifiquen como el cuidado de enfermos y los mayores de 65 años cuya condición biosicosocial haga que la permanencia en el establecimiento carcelario vulnere su dignidad humana. 

Los tres legisladores de Cabildo Abierto propusieron un aditivo para que la prisión domiciliaria se dispusiera de oficio, pero no fue acompañada por la coalición en el entendido que buscaba favorecer a determinadas personas, como por ejemplo los militares que se han negado a reconocer los lugares de enterramiento de fallecidos durante la dictadura

El juez en cada caso analizará las situaciones y para explicar el propósito del proyecto, se sostuvo que "no hay que mirar tanto el delito, sino la situación de vulnerabilidad". 

Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento. 

El Frente Amplio votó en contra del proyecto por considerar que no excluyó los delitos vinculados al terrorismo de Estado, donde no aparecen ni la tortura, ni el secuestro, ni la privación de libertad.