En las últimas horas la Presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay sostuvo enfáticamente que el combate al lavado de activos y al terrorismo está fuera de discusión porque el mundo lo necesita y Uruguay está inmerso en él, pero entienden que se les está imponiendo un rol que excede a su profesión.

En un documento redactado por la Escribana Ana Ramírez Eula se agrega que se “coincide en un cien por ciento con las expresiones del Fiscal General Dr. Jorge Díaz, publicadas en su cuenta de Twitter el 20.10.2016: “El secreto profesional del abogado protege la posición de su cliente en juicio (actual o eventual) y nunca puede ser levantado por terceros.”

Por otra parte, sobre la base de nuestra experiencia como profesionales del derecho, consideramos que el ciudadano uruguayo es quien se verá perjudicado cada vez más al vulnerarse su derecho a la intimidad. Además, el propio secreto profesional ha sido vulnerado sin tener en cuenta que constituye un derecho inherente a todas las personas, que sin él se vería menoscabada la libertad individual. Es importante destacar que no es un privilegio de los escribanos.

Existen varios principios fundamentales, de los cuales dos no pueden ser desconocidos por el Estado: proporcionalidad y racionalidad.

Entendemos que cualquier medida antilavado que se adopte debería causar el menor daño posible.

Y en este caso se ha desconocido la esencia de la profesión notarial convirtiendo a los escribanos en funcionarios honorarios del Estado.

Ya se nos ha impuesto el contralor fiscal (ITP, IRPF, contribución inmobiliaria, impuesto de enseñanza primaria, certificado de BPS, entre otros) con la obligación de responder solidariamente para asegurar el cumplimiento de algunos de ellos. Ahora se pretende que nos transformemos en el primer filtro contra el narcotráfico y el terrorismo, sin tener en cuenta que no contamos con las infraestructuras de logística ni de seguridad para desarrollar esa tarea, como sí la poseen otros sujetos de los obligados a reportar operaciones sospechosas (bancos, casinos, compañías de seguros, financieras, casas de cambio, etc.).

Se nos impone un rol que excede a nuestra profesión. En él se pierden todas las garantías, tanto para quien contrata la prestación del servicio como para el profesional que interviene. Ese accionar viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia Constitución, además de desconocer principios tales como la proporcionalidad y la racionalidad, que son fundamentales a la hora de adoptar medidas antilavado de activos.

En resumen, defendemos el secreto profesional que protege al ciudadano, no cerramos los ojos ante lo evidente”, concluye el comunicado.