El Presidente de la Liga de Fútbol de Soriano, dijo sentirse sorprendido por la respuesta dada a la carta enviada al Fiscal General de la Nación Dr. Juan Gómez. Al entender del Dr. Pablo Marrero, con la respuesta brindada por Fiscalía, el deporte se queda atado de manos frente a situaciones de derecho de admisión que se presenten, aunque valoró que el tema se discuta en la agenda pública y que todos los actores busquen una solución a un flagelo de la sociedad.
En diálogo con Crónicas, Marrero explicó los hechos puntuales que han venido ocurriendo en los escenarios deportivos durante su gestión administrativa en el fútbol, en especial la creación de una Comisión de Derecho de Admisión integrada por caracterizados vecinos y profesionales y destinada a analizar sucesos de violencia que seguramente irán aumentando a medida que los torneos vayan cobrando mayor importancia.
Esta Comisión es la encargada de realizar la denuncia ante las autoridades, enviando además un telegrama colacionado a las personas identificadas como responsables de agresiones, otorgándoles tres días para su descargo e incluyéndolas (si se da el caso) en una nómina que les impide el ingreso por determinado lapso, según la gravedad de las infracciones cometidas.
Sin embargo las gestiones no han tenido el éxito esperado en razón de que para la Fiscalía solamente ante un hecho considerado grave, se puede formalizar a una persona, de lo que se deduce que, hoy por hoy nadie puede impedir a un sujeto violento reiterar su ingreso a las canchas y volver a cometer los episodios de agresión que motivaron la medida.
Marrero reconoció igualmente el excelente relacionamiento que la Liga tiene con la Fiscalía y la policía y en la carta enviada a la reunión de ayer, se agradecía la disponibilidad de poder contar con la presencia de Heber y Gómez en el departamento, preguntando por qué la Fiscalía ha informado que sólo se puede intervenir en delitos graves, lo que le genera a la Liga una sensación de desamparo ante situaciones de violencia.
Esta situación implica que sigan ingresando cuando entienden que podrían ser formalizados con la aplicación de medidas para que, durante las horas de partidos, deban permanecer en sus hogares detenidos o en la seccional correspondiente, así como otras medidas similares.