La problemática de los créditos que se han otorgado a personas de bajos recursos y que terminan en montos imposibles de pagar por la violación a las tasas de interés previstas, podría ser motivo de una consulta popular si el gobierno no da cabida a la reestructura de deudas largamente solicitada por algunos sectores políticos.

La necesidad de encontrarle una solución a un problema que está afectando duramente a amplios sectores sociales, hace insistir con la iniciativa en la que por lo pronto están de acuerdo Cabildo Abierto y un sector del Frente Amplio.

El proyecto cuenta con 32 artículos atendiendo a las personas físicas que se encuentran en estado de crisis económico-financiera, que no sean titulares de bienes o que su activo sea su única vivienda, quienes deben ser atendidos en cuanto a las deudas globales que mantienen y buscar un acuerdo factible que permita al acreedor recuperar algo del activo y al deudor quedar liberado de intereses que, en la mayoría de los casos, son abusivos.

Ya el año pasado se había presentado un proyecto que se orientaba a la protección del deudor, resolviendo algunas situaciones de prácticas abusivas en el cobro de los adeudos, por lo que se retomó el proyecto con el que están de acuerdo además de los sectores antes nombrados, algunos legisladores de la coalición.

Se estima que en las deudas de consumo, hay un millón de personas en el clearing de nuestro país y 600.000 personas con deudas calificadas de incobrables por parte del Banco Central.

Si bien hay distintas opiniones sobre la forma de redactar adecuadamente la iniciativa, se considera que es demasiado importante como para mantenerlo en el silencio actual, ya que se trata de una verdadera "bomba de tiempo" como lo definieron los promotores del proyecto.