Casi cuarenta años después de ocurrida la muerte del médico de San Javier Vladimir Roslik, la Suprema Corte de Justicia autorizó la tramitación de la imputación contra siete militares acusados de haber participado directamente en el asesinato del médico detenido en los últimos tiempos de la dictadura, y que falleció por apremios físicos. Se había presentado una excepción de inconstitucionalidad por parte de los  militares Eduardo Saiz Pedrini, Jorge Soloviy, Abel Pérez Cirillo, Roberto Ramírez, Oscar Rocca, Dardo Ivo Morales y Sergio Caubarrere.

En abril de 1984 estos militares quedaron comprometidos y seriamente sospechados por haber participado de la detención y posterior muerte del médico, dentro del propio cuartel militar del Batallón 9 de Fray Bentos.