Una enorme cantidad de adhesiones de agrupaciones y colectivos sociales se manifestaron apoyando el reclamo ante la puesta en funcionamiento del nuevo consejo directivo de la Institución nacional de DDHH. Como se sabe el 11 de agosto la Asamblea general votó la nueva integración del Consejo Directivo desconociendo sistemáticamente lo establecido en la Ley 18.446.

La coordinación nacional de organizaciones conformada en defensa del Instituto Nacional de los Derechos Humanos emitieron un comunicado alertando del riesgo que suponía desconocer la naturaleza y principios de la institución y luego señalaron la falta de transparencia en el proceso, denunciando las ilegalidades cometidas al aceptar postulaciones por parte de parlamentarios y no cuestionar la existencia de candidatos en la nómina de postulantes que no reunían los requisitos exigidos.

Nada de eso -agregan- fue considerado por parte de legisladores, desconociendo el rol de las organizaciones sociales. Estos prometen avanzar por el camino legal iniciado, redoblando esfuerzos para acercar al conjunto de la población y a la comunidad internacional, información sobre los impactos que trae consigo dicha situación institucional.

Tras rechazar enfáticamente que la elección de la directiva se haya convertido en un reparto de cargos por cuotas políticas partidarias, se prometió poner al tanto de la situación actual al organismo responsable de calificar y certificar el grado de legalidad democrática de las instituciones de derechos humanos y las defensorías del pueblo en el mundo.

Suscribieron este documento 78 organizaciones, entre las que figuran colectivos de todos los departamentos, comisión de Memoria y justicia de Soriano, Cotidian Mujer, FUCVAM, FEUU, PIT-CNT, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, ONJAPU y SERPAJ.