Uruguay se vio presionado al suscribir (en el marco de las actividades dispuestas por la OCDE) un compromiso por el cual permitirá a otros países conocer datos relacionados con la operativa bancaria de personas e instituciones. Varios tributaristas aseguran que se vulnerarán algunos derechos consagrados en la Constitución, aunque reconocen que no hay muchas posibilidades de negarse a esta apertura de acceso a la información tributaria que están siendo exigidas por las economías desarrolladas.
La OCDE (Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico) domina el 85% del PBI mundial y ha advertido a los países que no acepten la transparencia, en cuanto a que van a quedar fuera del sistema.
Uruguay se comprometió a que dentro de 18 meses permitirá la información y ayer llegó al Parlamento el proyecto de ley que establece la caída del secreto bancario.
Actualmente sólo por pedido de la Justicia se puede acceder a la información.
Los saldos y rentas acreditadas en cuentas bancarias de residentes y no residentes en el Uruguay, deberá también ser enviado a la DGI.
La legislación deberá ser aprobada durante el año próximo ya que se enmarca en el compromiso de información fiscal con la OPP.
