El latente peligro que existe de concretarse una real apertura de fronteras sin medidas de protección para la actividad de los departamentos fronterizos, preocupa hondamente a los centros comerciales del litoral que estudian un nuevo empuje ante las autoridades de gobierno. 

La inevitable corrida de compradores atraídos por la diferencia cambiaria, precio de combustibles y canasta de alimentos, se estaría dando en el mayor desnivel en veinte años, según estimaciones de autoridades de las gremiales comerciales. Se ha sostenido que al presente, no hay ninguna medida de protección para el comercio, ante una eventual apertura de fronteras, por los que las diferencias de precios son del orden del 60%. Ello ha motivado un trabajo permanente con gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas.  Los Centros Comerciales han planteado a UTE el ajuste de tarifas de acuerdo al nivel real de consumo y de movimientos que tienen los establecimientos, mientras se aguarda a nivel del Poder Legislativo la aprobación de una iniciativa para que el comerciante de un lado de la frontera se abastezca en el otro pagando un pequeño impuesto, para comercializar la mercadería en territorio uruguayo. Esta propuesta podría ser utilizada por todo el ámbito comercial, alcanzando a minoristas y distribuidoras. De darse a la inversa, una corrida de compradores, todos los rubros de la actividad se verán afectados porque, al caer las ventas y no poder pagarse sueldos, se producirán despidos pese al seguro de paro y todos se verían afectados en la actividad.