En una carta dirigida a la Presidenta de la Asamblea General, el primer mandatario sostiene que el decreto de veto ya está firmado y se basa en el argumento de que con él se vulneran los derechos de propiedad, libertad y de trabajo. Agrega más adelante que resulta "innecesariamente afectada la libertad de producción, porque los productores no podrían elegir el destino productivo de sus tierras y determinaría limitaciones a los derechos y libertades". 

A su vez, el gobierno señala que la aprobación de un reciente decreto, revela que el Estado dispone de otros medios "menos restrictivos para regular la actividad forestal sin perturbarla, ni intervenir arbitrariamente en dicha actividad económica y en las libertades implicadas".

Un cambio de ese régimen podría afectar la estabilidad de situaciones jurídicas ya consolidadas, teniendo en cuenta que existen tratados de promoción y protección de inversiones.

En consecuencia, de transformarse la Ley -dice Lacalle- el proyecto podría afectar derechos adquiridos que deriven en reclamos por perjuicios económicos en el marco de acuerdos suscritos por el país.