La citación a la justicia de una manifestante en Florida y otro en la capital extendió la medida de los trabajadores de supermercados aunque resulta difícil entender la trama del problema.

En Montevideo Ta-Ta denunció al sindicalista Alexis Osores por difundir un audio con la propuesta de "quemar todo" lo que fue interpretada como un atisbo de delito. El tema quedó finalmente en la órbita del Ministerio del Interior. Los trancazos iban a finalizar inicialmente hoy pero los trabajadores decidieron continuar 24 horas más luego de enterarse de las citaciones policiales y judiciales. A esta hora se consideraba posible que mañana retomen el trabajo aunque no será definitivo: en efecto se empiezan a perfilar nuevos piquietes en los cuales para los trabajadores es una medida comprendida dentro de la ley que defiende el derecho de huelga, pero no se trata de ocupación sino de piquete en las puertas de los super una medida que no es legal para el derecho constitucional al coartar el derecho de libre circulación. Desde el gobierno se maneja la situación con prudencia, pero en realidad el problema no lo generan los supermercados sino el propio gobierno cuyos delegados en los Consejos de Salarios decidieron que no se abre una nueva ronda de negociaciones si no está cerrada la anterior. Según explicaron dirigentes gremiales la situación más radicalizada se da en trabajadores de supermercados y en tiendas, pero las partes no pueden avanzar con las rondas cerradas. La pregunta entonces recae en que al no ser los supermercados los culpables de la demora sino la delegación del gobierno que fija las pautas el denominado "trancazo" aparece como apresurado, y aún así los trabajadores adelantan que más cerca de las fiestas se aumentará el ritmo de detenciones. Por ahora es casi un hecho que el próximo fin de semana se vuelva a los piquetes en todo el país. El gobierno a través de su delegada en las rondas tripartitas ha puesto pautas hasta por debajo de lo que proponen las empresas por lo que los gremios temen que si no logran un acuerdo no llegarán ni siquiera al piso que reclaman. Las delegaciones del gobierno a su vez tienen instrucciones (no confesas) de "aplanar" los ajustes salariales para evitar que ello repercuta en una aceleración inflacionaria. Los ajustes que se logren repercutirán en todo el comercio incluyendo al chico que tiene menos ventaja en volúmenes de venta que las grandes superficies. De hecho, los incrementos no los pagarán los comerciantes de su bolsillo sino que los trasladarán al precio de los productos por lo que el circulo vicioso provocará un encarecimiento que deberá ser costeado por la población toda inclusive los propios trabajadores. Una compleja trama que tiene varios costados para entender el problema en toda su magnitud.