Los trabajadores judiciales de Soriano realizaron ayer paralización de actividades y lectura de proclama que estuvo a cargo del escribano Daniel Martínez Fonseca, expresándose a través de ella la posición de estos en relación a los reclamos que vienen realizando por pagos adeudados por el Estado.

En la proclama expresaron que los trabajadores han venido recorriendo un largo camino procurando cobrar ese dinero dispuesto por la ley, teniendo paciencia y responsabilidad social, continuando las tareas procurando no perjudicar a la población, pero hasta el momento no han podido hacerse de ese dinero. Se recordó que en el año 2010 el Parlamento incluyó en el Parlamento nacional la equiparación de las remuneraciones de los ministros con la de los senadores de la República, determinando esto un incremento salarial de los ministros de la Suprema Corte y debido a la escala salarial, también del aumento de los sueldos de los funcionarios. 

En otra parte del documento recuerdan que en abril de 2011 el gobierno nacional a través de sus representantes en el Parlamento, aprobó un conjunto de normas inconstitucionales desconociendo los derechos de los trabajadores del Estado, en particular de los judiciales. Debido a que esa situación no admitió espacios de diálogo por parte del gobierno, los trabajadores judiciales iniciaron una demanda contra el Estado reclamando a la Suprema Corte el cumplimiento de la ley. 

En marzo del presente año el juicio llegó a su finalización y los trabajadores lograron una sentencia favorable al reclamo y luego de una trabajosa liquidación, el 28 de setiembre último el Juzgado Civil del 19º Turno ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas depositar los haberes de los reclamantes en cumplimiento de la sentencia, que contiene además una condena a futuro, disponiendo se proceda a una adecuación salarial establecida en el presupuesto del año 2010. 

Se han cumplido reuniones de la Asociación de Funcionarios Judiciales en el Ministerio de Trabajo, se han acordado plazos, pero no existe respuesta del Ministerio de Economía y por eso los trabajadores judiciales se declararon en alerta ante el avasallamiento del Estado, el desconocimiento de sus derechos y el incumplimiento de la sentencia judicial. 

La declaración culmina diciendo que “las sentencias judiciales deben cumplirse. Basta de dilatorias”.