Pese al malestar del Congreso de Intendentes el gobierno elaboró un artículo sustitutivo que no cambia demasiado la situación que pone a los gobiernos departamentales ante la posibilidad de recibir juicios si permiten la creación de asentamientos irregulares. 

En un momento se había establecido la aplicación de una multa, pero luego fue sustituido por la facultad de exigir un resarcimiento económico a los gobiernos departamentales, en casos de omisión.  Además se extiende la responsabilidad solidaria a quienes omitan la debida diligencia en la guarda de los bienes inmuebles de su propiedad  y toleren (por acción o por omisión) la ocupación de los mismos  o la instalación en ellos de asentamientos irregulares.

En consecuencia, las Intendencias quedan transformadas en policía que deberá interrumpir las ocupaciones ilegales y desalojar a los ocupantes por sus propios medios, para evitar que se descarguen sobre ellas una demanda económica. Igualmente los Intendentes siguen extrañados del espíritu de la resolución, incluído en la LUC, y advirtieron que no es tan simple intervenir en un tema tan sensible.