La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) firmará un convenio con el Ministerio del Interior (MI) –en su caso, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA)- referido a atender el mandato judicial acerca de la obligación de realizar la prestación de servicios comunitarios como medida alternativa a la privación de libertad.   

El acto se desarrollará, mañana, martes 15 de junio, a partir de las 17:00 horas, en la sala de actos de la planta baja de la sede central del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP (Avda. del Libertador Juan A. Lavalleja 1409). Participarán el Presidente del CODICEN, Profesor Robert Silva, el Director de Convivencia del MI, Santiago González y las principales autoridades del INR.

Como se sabe, el INR tiene entre sus cometidos la rehabilitación de los procesados y penados. En tal sentido y con la finalidad de implementar programas tendientes a la inclusión integral de personas privadas de libertad, promueve el desarrollo de actividades socio-laborales en el ámbito comunitario.

Por su parte, la OSLA, fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo como una Unidad especializada, actuando bajo la dependencia de la Subdirección Técnica del INR. Tiene entre sus cometidos la coordinación y seguimiento de las penas alternativas a la privación de libertad dispuesta por los Jueces competentes en materia penal.

El convenio que se firmará tiene como objeto determinar las condiciones y los procedimientos mediante los cuales, el INR –a través de la OSLA- derivará a la ANEP, a las personas sobre las cuales recayó por mandato judicial, la obligación de realizar Prestación de Servicios Comunitarios como Medida alternativa a la privación de libertad.

Trabajo coordinado

Cabe precisar que la OSLA,  asume el compromiso de derivar a las personas que realizarán la prestación de servicios comunitarios a la ANEP en sus diversas dependencias, conforme las condiciones y criterios previamente definido con cada Centro receptor, en cuanto a disponibilidad de cupos, días y horarios.

Por su lado, la ANEP asume el compromiso de recibir en sus dependencias, a las personas derivadas por la OSLA, en función de las condiciones establecidas en el mandato judicial referido a cada persona privada de libertad involucrada, atendiendo las condiciones particulares de cada caso.

Asimismo, el Organismo responsable de la Educación Pública determinará las dependencias que se encuentren en condiciones de operar como Centros Receptores de las personas derivadas para desempeñar la prestación de servicios comunitarios, en el marco de las medidas alternativas a la prisión dispuestas por mandato judicial.

El plazo del Convenio será de un año a partir del día de la firma, renovándose automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes se exprese en contrario.