Más de 400 trabajadores judiciales se sumarán hoy a los 3.700 que ya tienen sentencia definitiva e iniciarán una demanda por cobro de pesos contra la Suprema Corte de Justicia por las diferencias salariales generadas a partir del año 2011.
Mientras la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Asociación de Actuarios Judiciales esperan por una segunda reunión con el Ministro de Trabajo Ernesto Murro que defina la forma en la que el Poder Ejecutivo dará cumplimiento a la sentencia del pasado 30 de marzo y poner fin a un largo conflicto, las acciones contra el Estado se siguen generando.
Los nuevos demandantes, son funcionarios judiciales ingresados a partir del 2014 y que no integraron la demanda original.
La sentencia del pasado mes de marzo, no sólo reconoció los adeudos generados, sino que estableció una condena a futuro ordenando se proceda a realizar la adecuación salarial establecida en la ley de presupuesto 18.719. Mientras este ajuste salarial no se realice el daño se seguirá generando afectando a los trabajadores activos y a los que se vayan incorporando a la actividad del Poder Judicial.
El 28 de setiembre, el Juzgado Civil de 19º Turno, ofició al Ministerio de Economía ordenando se depositen los montos de la liquidación, cumpliendo con lo establecido en el art. 400 del CGP.
Por otra parte, Suprema Corte de Justicia acogió el pedido realizado por la Asociación de Funcionarios Judiciales el pasado 14 de octubre y resolvió solicitar al Ministerio de Economías y Finanzas los créditos necesarios para poder cumplir con el ajuste salarial establecido en la sentencia. El Poder Ejecutivo y el Legislativo, han buscado a través de sucesivas normas inconstitucionales dilatar el pago de los haberes reclamados generando un largo conflicto. La sentencia definitiva del pasado mes de marzo ha ordenado al Estado el pago de los haberes pasados y la adecuación de los salarios según lo dispuesto en la ley de presupuesto del 2010.
La cuestión ahora es saber si el Ejecutivo cumplirá con la sentencia o desconocerá la misma.
