El episodio protagonizado por el periodista Aldo Silva tras sus expresiones en Radio Sarandí, ameritaron un comunicado de la Asociación de la Prensa del Uruguay.
Silva se había dirigido en primera persona al Presidente Lacalle Pou instándolo a anunciar personalmente los 70 muertos de la jornada del viernes, lo que originó acusaciones y hasta pedidos de que sea sacado de los medios donde trabaja.
La Asociación de la Prensa emitió un comunicado ayer firmado por el Consejo Directivo Central en el que expresa "su enorme preocupación por la creciente escalada de ataques a la libertad de expresión y de agravios contra los trabajadores de los medios de comunicación a la que estamos asistiendo".
Agrega que "la situación en la que se ha visto involucrado en las últimas horas el periodista Aldo Silva, socio de nuestro sindicato, marca el nivel de desprecio hacia la profesión que se refleja en algunos colectivos políticos y anónimos que se ocultan en las redes sociales".
Agrega que "el odio hacia la opinión discordante se ha expresado en toda clase de agravios y amenazas, algunas de ellas formuladas por algún legislador/a y ha llegado al inaceptable extremo de exigir el despido del colega.
Lo ocurrido con el compañero Aldo Silva -agrega- es el último capítulo de una triste saga que en el contexto de una de las peores crisis sanitarias de la historia del país, ha tenido como protagonistas involuntarios a periodistas de varios medios de comunicación.
El denominador común de esta lamentable realidad a la que estamos asistiendo es el agravio, la amenaza, la atribución de intenciones y la descalificación, en muchos casos amparado en el cobarde anonimato que otorgan las redes sociales.
Lamentablemente algunos actores políticos e incluso algún medio de comunicación ha formado parte de la claque que ante la menor discordancia de opinión promueve el escarnio y el descrédito contra los trabajadores de la comunicación, llegando al extremo de atentar contra su fuente laboral.
En las últimas semanas y en directa proporción con el agravamiento de la situación sanitaria del país, se ha intensificado la virulencia de los ataques contra todo aquel que ose expresar una opinión discordante con el manejo de la pandemia, especialmente si se trata de un trabajador de los medios de comunicación.
El Consejo Directivo de APU condena enfáticamente todas las expresiones de odio e intolerancia, los agravios, las injurias y las amenazas contra los trabajadores de los medios que -haciendo uso de la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución- manifiestan su opinión sobre la grave situación que afecta el país.
Las opiniones pueden ser compartidas o no, pero eso no justifica poner en tela de juicio la honestidad intelectual y la independencia de los trabajadores de los medios de comunicación y, mucho menos, atentar contra su fuente laboral.
La condena social sumaria que se promueve a través de las redes sociales, en algunos casos fogoneada por conspiscuos dirigentes políticos, es una práctica profundamente antidemocrática y peligrosa para la sociedad.
El Consejo Directivo de la APU tiene la obligación de advertir sobre este creciente y preocupante fenómeno que se ha instalado en algunos ámbitos de nuestra sociedad, que atenta contra valores fundacionales de nuestra democracia.