Hasta ahora existía una fuerte resistencia gremial en razón de que los nuevos métodos de construcción aplicados en otros países abaratan sustantivamente la mano de obra y permiten (utilizando otros insumos) levantar casas en poquísimo tiempo.

Los trámites de aptitud técnica que podían llevar varios años no demorarán más de 90 días y permitirá a las empresas constructoras acceder a un certificado de ingreso al Registro en un máximo de tres meses.

Se prevé también controles y seguimientos de esos sistemas no tradicionales que tienen sustantivo menor costo, sin perder la calidad.

La ministra Irene Moreira indicó que al hacer el anuncio que calificó de "revolucionario" no se estaba refiriendo solamente a la madera, sino a tipos de plásticos, resinas, hormigones y ladrillos ecológicos que no son componentes conservadores y se establecerán criterios en base a la normativa que tuvo en cuenta lo hecho en Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. 

En nuestro país hay un déficit que ronda las 70 mil viviendas, por lo que el abaratamiento en el costo de construcción posibilitará acceder a la vivienda a los sectores más frágiles de la población. 

Moreira señaló que la vivienda social promovida tenía hasta ahora un costo de entre 2.200 y 2.400 dólares el metro cuadrado, añadiendo que como máximo, no puede superar los mil y pocos dólares el metro cuadrado, utilizando sistemas constructivos modernos y revolucionarios que bajan esos valores.