La nueva reglamentación que estará vigente desde enero de 2017 implica que sólo el 10% de las unidades que se construyan en Montevideo estarán topeadas. El cambio también regirá para las viviendas que se levanten en departamentos del interior del país. En este caso sólo el 20% de las unidades que se construyan tendrá topeado su precio de comercialización. En la actualidad los topes de precios rigen para el 25% de las VIS que se levantan en Montevideo y para el 100% en el interior del país. Las modificaciones tienen por objetivo "mantener e incrementar la inversión en vivienda por su impacto en la economía, el empleo y el aumento de stock habitacional", informó el Mvotma en su página web. Además, "procura facilitar el acceso a más familias uruguayas", añadió el ministerio.

Los empresarios de la construcción habían manifestado en más de una oportunidad que uno de los factores que ha "de-sestimulado" la intención de construir en los últimos años es la fijación de topes en los precios. Uno de los argumentos se basa en que esa medida frenó la actividad en el interior del país e incidió para que haya un menor ritmo de presentación de nuevos proyectos en Montevideo.

Además, el Mvotma presentó a empresarios del sector el calendario de licitaciones previsto para 2016 y 2017 que contempla inversiones en vivienda nueva y reciclaje, con proyectos que en su conjunto implicarán un desembolso de unos US$ 230 millones. Asimismo, se anunció la realización de un plan piloto de Participación Público Privada (PPP) para la construcción de vivienda, por un monto de inversión de US$ 100 millones.

"Mvotma competirá con US$ 230 millones de vivienda pública, más US$ 100 millones probables en régimen de PPP y los privados reactivarán su oferta. Gana el consumidor", escribió en su cuenta de Twitter el consultor inmobiliario Julio Villamide. Semanas atrás desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu) se había informado que hay empresarios del sector dispuestos a desarrollar en el corto plazo hasta 4.000 viviendas en el interior del país con los beneficios impositivos que otorga la ley de VIS, siempre y cuando el Ejecutivo accediera a eliminar los topes de precios que hoy rigen para el 100% de inmuebles que se construyen fuera de la capital.