Jorge Larrañaga y Javier García anunciaron la instalación de 25 puestos de control y 500 efectivos distribuidos en diferentes puntos.

Las declaraciones se dieron al finalizar la reunión con el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, en la Torre Ejecutiva ayer, de la que también participaron representantes del Estado Mayor de la Defensa y de la Policía Nacional, para abordar acciones tras las medidas dispuestas en el marco de la pandemia de COVID-19.

Larrañaga dijo que es necesario recurrir al esfuerzo y el sacrificio para cuidar la salud. Explicó que Presidencia está reglamentando el artículo n.º 38 de la Constitución, mediante la ley N.º 19.932, que se aprobó el viernes pasado, sobre el derecho de reunión.

Informó que habrá un protocolo de actuación que implica al Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) operativo en cada uno de los departamentos del país, compuesto por los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y las Fiscalías, y que preside cada intendente. Esto incluye multas de entre 30 y 1.000 unidades reajustables y la posibilidad de fijar, mediante la intervención de la Fiscalía, un delito de desacato frente al incumplimiento de los pedidos de los organismos involucrados.

García recordó que la normativa recientemente votada entra en vigencia desde el lunes 21, y en principio hasta el 10 de enero, con la posibilidad de extenderla 60 días más.

Mencionó que el trabajo en frontera comienza con 500 efectivos desplegados en 25 puestos de control con distintas características geográficas. Reiteró que los puentes serán vallados y que quedan prohibidos los vuelos particulares, así como que embarcaciones vengan de otro país, concretamente de Argentina.