Una acción de amparo ante la Justicia, presentada hoy por integrantes del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), denuncia el incumplimiento por la empresa UPM de las condiciones ambientales bajo las cuales fue autorizada la instalación de su nueva planta de celulosa en el departamento de Durazno y requiere la suspensión de las obras en curso mientras esos requisitos no se cumplan a cabalidad.

Los fundamentos de esta acción de amparo se encuentran en la documentación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) donde, a través de los informes de los técnicos, se constata que UPM sobrepasó el "plazo máximo de 6 meses" para cumplir las condiciones bajo las cuales fue otorgada, el 14 de mayo de 2019, la Autorización Ambiental Previa a la planta de celulosa y la zona franca proyectadas.

Apremiado por cumplir los plazos acordados en el contrato, cuando UPM no había confirmado aún su decisión de inversión, el gobierno anterior autorizó la planta de celulosa a condición de que la empresa completara después elementos clave del proyecto. Sin embargo, UPM inició la construcción de la planta sin cumplir esos requisitos, algunos de los cuales definen la viabilidad o no del proyecto.

Es el caso de la "línea de base" del Plan de Monitoreo Ambiental, es decir, el estudio previo de las características de la zona para determinar cuál es la situación anterior al proyecto en su área de influencia, de tal manera de permitir el seguimiento posterior de las distintas fases del mismo. Haber iniciado la construcción de la planta sin este requisito hará que no se puedan evaluar después sus impactos reales.

Otro requisito es garantizar la dilución de 107 millones de litros de efluentes, que la planta de celulosa volcará en el río todos los días. La autorización ambiental estableció que la zona de mezcla no puede tener más de 1.000 metros de largo, y que no debe llegar a las márgenes del Río Negro. Esta definición, que también tenía como plazo máximo el 14 de noviembre de 2019, no ha sido completada y por tanto aceptada hasta hoy.

Entendemos que las obras de este proyecto no pueden seguir adelante si no se han cumplido esas condiciones fundamentales. No existen precedentes de una acción de estas características ante la Justicia, pero tampoco tiene precedentes en nuestro país que una empresa, a cargo de un proyecto de esta envergadura, que debió presentar un estudio completo de impacto ambiental, no cumpla con sus condiciones.

Somos conscientes de que una decisión como la solicitada ante la Justicia afectará la actividad de los trabajadores y de las empresas involucradas en este proyecto, pero no nos cabe duda tampoco de que por encima de esas circunstancias están los intereses del Uruguay todo y la salvaguarda de las condiciones que aseguren el futuro para nuestros hijos y nietos, en un país solidario y soberano, con un medio ambiente sano.