Los costos sociales de la nueva normalidad y las medidas aplicadas por los gobiernos bajo el consejo de la OMS, empezaron a ser cuestionados. Varias organizaciones se están planteando una nueva mirada al sostener que los perjuicios para la población son altísimos y desproporcionados con la gravedad de la enfermedad que se quiere prevenir.

Un grupo de ciudadanos escribió una carta abierta dirigida a los jerarcas de los tres poderes del Estado, mostrando su preocupación por las condiciones de vida establecidas en nuestro país desde la declaración de la emergencia sanitaria el 13 de marzo.

El análisis de las cifras de desempleo, la cantidad de niños que han perdido la enseñanza, los problemas alimentarios y los padecimientos de la gente, están extendiendo en todo el mundo cuestionamientos al aparecer datos y cifras que no terminaron de ser ciertas.

En los últimos días uno de los voceros del movimiento que se está desarrollando en Uruguay, el Dr. Hoenir Sarthou dijo que está empezando a aparecer información que relativiza los efectos a nivel mundial del coronavirus y que las tasas de mortalidad indican que aquellos anuncios previos de una enfermedad terrorífica, no era tal, en razón de que la cantidad de fallecidos  es sensiblemente menor a la de muchas otras enfermedades.

Sarthou comparó la cuarentena de fallecidos en nuestro país catalogados por COVID-19 con las 200.000 personas que se encuentran en el seguro de paro, miles de niños perdiendo su instrucción, gente que no está siendo atendida por otras enfermedades en razón de las medidas dispuestas por centros de atención médica, la cesación de atenciones a domicilio que, con una extensión de unos seis meses, resulta inadmisible.

Varios médicos y especialistas entre ellos Fernando Andacht, Aldo Mazzucchelli, Rafael Bayce, Oscar Larroca y el propio Sarthou, sumaron sus coincidencias prescindiendo de cualquier orientación partidaria a fin de discrepar  formalmente por los costos sociales que están reclamando al gobierno.

Entre los planteamientos se incluye la vuelta a la normalidad de las clases, con la vuelta al régimen obligatorio, la aplicación de medidas que eviten la desatención médica actual y la revisión de las limitaciones que afectan derechos sociales como el derecho a la reunión bajo la responsabilidad de cada uno.  Los promotores de la iniciativa han recibido profundas críticas, no obstante lo cual existe un grupo que denuncia  una medida orquestada internacionalmente y que se preguntan si los argumentos que impulsan las medidas tomadas por los gobiernos, responden efectivamente a bases confiables.