Según la denuncia los ex jerarcas cometieron delitos penales tipificados en los artículos 161 y 162 del Código Penal perjudicando a la administración con una pérdida que podría evaluarse en los 400 millones de dólares.

El caso está referido a la obra del ferrocarril central, un tema que lo ha llevado reiteradamente a establecer su fuerte discrepancia e incluso el propósito de levantar firmas para oponerse al tendido ferroviario.

Según Lust, Cabildo Abierto no le planteó reparos  en el entendido de que  se trata de una postura que viene desde antes de que la agrupación existiera.

El legislador dijo que los artículos antes mencionados establecen con claridad que si un tercero  perjudica a la administración beneficiando a una persona ajena a cambio de nada, comete un delito. En consecuencia -dijo- lo que yo hago es darle noticia a la Fiscalía de una conducta que yo creo que configura delito.

En concreto, durante la administración Vázquez se bajó el canon que UPM paga por el usufructo de las vías, haciendo lo contrario de lo que el contrato decía.

A la conducta de los secretarios siguió la decisión del propio Presidente de la República en cuya potestad estaba decidir que lo hecho por sus funcionarios estaba bien o no estaba bien, optando por la primera de las dos opciones. 

Yo no pretendo -agregó- el alcance de la ley sobre la persona de los funcionarios y el propio Presidente, sino que el efecto civil permita anular paralizando la construcción del tren. 

En consecuencia -agregó- sin tren no  hay planta y allí el Presidente Lacalle podría rever la situación.