Una cosa es que sea legal y otra, que sea indebido. Entre ambas posturas está la decisión del flamante presidente de Antel que originó reacciones de todos lados.
Guillermo Iglesias basó su decisión en un acuerdo oportunamente pactado con el sindicato de funcionarios, similar al que existe en otros organismos del Estado. La resolución tuvo características increíbles en razón de que la situación por la que atraviesa la economía del país jamás podría justificar gastos de esta naturaleza.
El Presidente Lacalle se indignó y comunicó el cese inmediato del titular de Antel. Los funcionarios tenían más de tres años trabajando en régimen de contrato y al ser presupuestados dejaban de ser personal contratado para pasar a desempeñarse como funcionarios públicos.
La resolución iba a tener efecto retroactiva al pasado 1º de mayo, respetando las asignaciones de funciones superiores dispuestas con anterioridad .
