Dos artículos de la Ley de Urgencia que estaban relacionados a la disposición a Antel de brindar su infraestructura a los privados quedarán retirados a efectos de ser tratados junto a la Ley de Medios. 

La noticia fue bien recibida por el Frente Amplio y organizaciones sociales que se habían alertado por la posibilidad de que los prestadores de servicios de telecomunicaciones, podrían celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus infraestructuras. 

La LUC iba a permitir la utilización compartida de la infraestructura de Antel, considerándose una medida privatizadora e inconveniente, dado que los usuarios se iban a apoyar en la instalación de la red  fibra óptica que al ente le costó una suma millonaria. Carolina Cosse había advertido que el artículo 268 de la Ley iba a obligar a Antel a arrendar a precios "de mercado" la fibra óptica, lo cual consideró como "un hecho gravísimo". Cosse consideró que lo proyectado en la LUC no tiene sentido porque este tipo de cambios sólo se hacen en países que tienen una necesidad real.