Es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la que puede cambiar las reglas de juego sobre su obligación de otorgar fondos a las Intendencias, de acuerdo a determinados requisitos.

Si bien la OPP devuelve los fondos que se recaudaron en el país a través de distintas formas impositivas, la manera en que se adjudican estas tajadas ha sido largamente cuestionada por aquellos Intendentes que se sienten más perjudicados en el reparto.

Así, algunos lo han atribuido a razones políticas mientras que desde el organismo gubernamental se han cambiado varias veces los argumentos.

Inicialmente fue que los dineros debían estar bien administrados y debía controlarse la ambición de los jefes comunales para gastar sin conciencia, por lo que se decidió definir determinadas obras que la OPP costearía en parte como forma de vigilar esos gastos.

Posteriormente se ideó otro mecanismo basado en el crecimiento, tamaño y funcionalidad de cada administración departamental, aunque nunca terminaron de convencer.

Ahora la OPP parece decidida a influenciar sobre aquellas Intendencias que realicen recortes de vacantes, de modo de premiar a las que bajen su número de personal, castigando a las que no lo hagan. 

Por ahora el Artículo 9º del decreto que se firmó en marzo, exhorta a las Intendencias a adoptar en el ámbito de su competencia, las medidas que coadyuven al objetivo emprendido por el Poder Ejecutivo, de disminuir el déficit fiscal.