Mientras sectores del Frente Amplio exigen la renuncia del designado director de la O.P.P. Isaac Alfie por su vinculación con la demanda de la minera Aratirí, observadores vinculados al Movus sostienen que Uruguay va camino a perder el juicio internacional y que en el mejor de los casos (aún llegando a un arreglo) nuestro país tendrá que pagar U$S 300 millones. La demanda por daños y perjuicios es por U$S 3.500 millones y Aratirí se ha basado en un informe realizado por Isaac Alfie, en el que dio a conocer su opinión como experto sobre las condiciones que nuestro país cambió respecto a proyectos como el de la referida empresa. Ayer Carolina  Cosse se sumó a las críticas de otros referentes del Frente Amplio y dijo que Alfie debería renunciar a su cargo en la OPP porque "la ética hay que construirla y no sólo proclamarla". Agregó que la asesoría técnica que ahora será utilizada en la audiencia del juicio contra el Estado uruguayo es fundamental, aunque Alfie ha tratado de tomar distancia sobre su vinculación, indicando que en su informe no hay una conclusión de fondo sobre la eventual violación en que habría incurrido Uruguay en el Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido.