La custodia policial que actualmente se brinda a la mujer en casos de amenaza de violencia de género, será puesta al agresor respondiendo así a un clamor generalizado de justicia. La medida implicará una suerte de escrache para el autor de las amenazas, que en el caso de falta de disponibilidad de tobilleras, irá acompañado a todos lados por un custodio.

Beatriz Argimón y Jorge Larrañaga anunciaron que el gobierno diseñará un nuevo protocolo de atención en violencia de género con el objetivo de responder de otra manera, cuando una mujer efectúa una denuncia de este tipo.
Argimón se reunió con Larrañaga y dijo ante los periodistas, que la respuesta debe ser inmediata y con mucha contención, algo que en la actualidad está lejos de cumplirse según el criterio de la futura Vicepresidenta.
La medida busca también acelerar los tiempos en que la víctima de las amenazas pueda tener una respuesta efectiva a su problemática y que la ponga fuera de todo riesgo.
Hoy por hoy además de la amenaza en sí, la mujer debe soportar el hecho de ser acompañada por un policía a todos los lugares donde se traslada, incluso a su lugar de trabajo, algo que generalmente le trae una nueva complicación: la resistencia del empleador a tener un policía en la puerta de su negocio.
El nuevo protocolo viene siendo construido en consenso con diferentes organizaciones gubernamentales, incluída la Fiscalía General de la Nación que aportó algunas sugerencias.
La Ley de Urgencia de futura aplicación incluirá la tipificación de un delito penal específico, para el caso en que los agresores destruyan las tobilleras u otros dipositivos electrónicos de control, que le fueron colocados por orden de la justicia.