¿Dicen la verdad las cámaras empresariales cuando aseguran que para evitar más despidos hay que reducir los beneficios y el poder adquisitivo que actualmente tienen los trabajadores?

La respuesta a esta pregunta constituye uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno, después de constatarse una realidad irreversible: se perdieron en 2019 entre 50 y 60.000 plazas de trabajo. Esta tendencia puede seguir subiendo y es para la mayoría de los empleadores la carta más fácil a jugar a la hora del achique.

A diferencia de alternativas como las que se manejaron en la Argentina anteponiendo trabas a los despidos para evitar más pérdidas de puestos de trabajo, en Uruguay los mecanismos  para desvincular a un trabajador son bastante simples.

Las cámaras empresariales sostienen que si no hay ajustes que flexibilicen la compensación económica y la relación horas/salario, muchas empresas seguirán sacando gente a menos que la reducción de la plantilla de trabajo les resulte imposible.

La tasa de desempleo se ha ubicado en el entorno del 9% después de los últimos datos que mostraron un fuerte deterioro del mercado laboral.

En noviembre del año que finalizó había más de 166.000 desocupados, que a su vez presionan fomentando relacionamientos en negro y menores exigencias de parte del trabajador, incluidos los extranjeros radicados transitoriamente y que se mueven en un marco de inseguridad jurídica.

Para el fomento del empleo, los economistas difieren en sus propuestas porque todas dependen de situaciones coyunturales económicas, que no pueden ser controladas por el gobierno, sino que responden a variables externas.

Si bien el Ministro electo de Trabajo  se dice partidario de un permanente diálogo, no asoman de sus recientes declaraciones, pautas claras para conocer qué tiene pensado el gobierno, no sólo en cuanto a las condiciones laborales, sino a los mecanismos que permitan que trabajadores y empresarios más débiles tengan respuestas en las mesas de negociación.

Mieres ha esbozado optimismo pero desde la central sindical las respuestas siguen siendo firmes en cuanto a que los trabajadores no están dispuestos a resignar conquistas sociales en base a realidades supuestas de las empresas que deberían -dicen- estar dispuestas a mostrar sus propios números para confirmar que realmente están en situaciones de dificultad.