La lluvia de denuncias, asesinatos y violaciones a los derechos humanos de Bolivia que cae sobre el gobierno de facto de ese país, está movilizando a la comunidad internacional a pronunciarse. Un decreto supremo que le da a las fuerzas armadas luz verde para reprimir movilizaciones y quedar exentos de responsabilidad penal, ha creado indignación y sorpresa.

Mientras en Chile la situación no es menos tensa, con 23 muertos y 2.200 heridos tras un mes de caos, Bolivia vive sus horas más dramáticas con denuncias de un baño de sangre generalizado. Varios periodistas argentinos que viajaron para cubrir los hechos fueron sacados del país por la fuerza y el propio Embajador argentino en La Paz, dijo que "no hay garantías para nadie, ni siquiera para el cuerpo diplomático". Con ello, los rumores se acrecientan mientras que el riesgo de desabastecimiento empieza a dar sus primeras señales contribuyendo a que los estallidos sean aún mayores. El país está partido en dos y sólo cabe esperar más violencia. En Chile las acusaciones contra los carabineros por hechos de extrema gravedad desafían el acuerdo para lanzar un proceso constituyente que por ahora no ve resultados.