La
inversión extranjera se ha transformado en la única opción del gobierno
uruguayo para intentar mostrar que el país avanza, cuando en realidad sucede
todo lo contrario, dijo el candidato a la Presidencia por Unidad Popular que
estuvo por algunas horas en la ciudad de Mercedes.
Gonzalo
Abella, cumplió una nutrida agenda de difusión de sus propuestas y lo hizo
acompañado por el dirigente Daniel Campanella, productor apícola, y con integrantes
de la dirigencia local del Movimiento 26 de Marzo que es uno de los grupos que
integran la Unidad Popular.
Sigue
apostando a lograr “una bancada fuerte” en el parlamento y “recibir
inversiones extranjeras peor en el marco de un programa de país con un Estado
mucho más incisivo”.
Señaló que
la gira por el interior del país es un poco dura porque no tienen una sede física
donde reunirse y son recibidos por vecinos y militantes que les ofrecen
alojamiento.
La Campaña
Dijo entre
otras cosas que para Unidad Popular, la campaña electoral tiene un doble
propósito siempre, “por un lado conseguir una bancada fuerte para defender
proyectos populares pero más allá de eso, cada campaña electoral nos abre una
tribuna de oportunidad de mensajes a la ciudadanía y eso es mucho más
importante aún que la bancada”.
Añadió que
“nos importa una bancada en las dos cámaras y ojalá podamos llegar a ellas.
Una bancada minoritaria, aislada de su pueblo es un clamor en el desierto pero
si realmente es minoría pero coincide en sus propuestas con un anhelo ciudadano
muy extendido, a veces, mágicamente lo minoritario se torna mayoritario para
alguna resolución concreta”.
Dijo que
eso lo ha demostrado el diputado Eduardo Rubio, generando un impacto mayor al
que podría suponerse “en su aparente soledad en la Cámara Baja. La
investigación del FONASA y las irregularidades en la salud generó una secuela
de investigaciones y de intervenciones que todavía hoy están dando frutos.
Nosotros no estamos de acuerdo con el FONASA, defendemos la honestidad y la
transparencia. Queremos un sistema público de salud y decimos, recorriendo el
país, que el que duda de que lo público puede funcionar muy bien que visite el
Hospital de Tacuarembó. Es una gestión netamente pública y es ejemplo, y a
veces hay corrupción en la intermediación de lo público-privado”.
Dijo que
lo que importa es sembrar ese mensaje, y “estamos convencidos que una bancada
fuerte va a salir a encuentro demandas ciudadanas muy fuertes que habrá en el
2020”.
La
alineación
Sostuvo
que en la Cámara Baja, la determinación al momento de votar la hacen los
temas. En ese punto indicó que “en la reforma de la Caja Militar votamos con el
Frente Amplio y toda la oposición votó en contra. En algunos proyectos de
investigación que había propuesto el ya difunto diputado Trobo, votamos con el
Frente y contra la oposición por razones que creíamos muy fundadas. El
proyecto de la vivienda popular fue apoyado por la oposición. Pero, no obstante
nosotros nos mantenemos en una línea totalmente independiente”.
Otros
apsectos
Agregó que
desde el punto de vista económico financiero, la Unidad Popular se contrapone
a un proyecto común de la oposición y del Frente Amplio. “El Dr. Sanguinetti
dijo hace dos años que él no tendría problemas de contar con Danilo Astori
como Ministro en un gobierno colorado. Talvi lo repitió hace poco. Desde el
punto de vista económico financiero, el sometimiento al banco mundial, la
resignación ante una deuda pública que nosotros creemos hay que auditar, la resignación
ante UPM 2 que firmó un contrato humillante, su tren de la muerte, que destruye
la posibilidad de un tren nacional para pasajeros y fletes. Todo ese proyecto
de resignación lo comparte la oposición de lo que es el bloque de derecha
tradicional y el gobierno que nos rige”.
Agregó que si la ciudadanía se
detiene a escuchar en profundidad a los candidatos de la llamada oposición,
“critican la forma y la eficiencia de la gestión pero no lo económico
financiero.
“El economista Talvi por
ejemplo, está tan convencido de que el modelo del Frente Amplio funciona bien
en esto último y critica la gestión y pone énfasis en lo que él sí quiere
cambiar y es el modelo educativo más basado en la empresa privada. Es decir que
lo que denunció la Unidad Popular de que el FA le había entregado el diseño
programático de la UTU de Paso de los Toros a UPM 2, Talvi lo quiere para todas
las escuelas de contexto. Entonces quiere aumentar la dependencia de la
empresa para hacer recortes del Estado y ajustar el de-sequilibrio fiscal que
es lo que a él le preocupa. En el fondo son matices de un mismo programa”
Política Impositiva
Frente a esto la Unidad Popular
plantea un cambio total en la política impositiva. En ese marco, habla de
“anular el IRPF, el IVA a los artículos de primera necesidad, anular el IASS,
y al mismo tiempo ponerle un fuerte impuesto del 1% a la banca privada y a las
redes privadas de cobranza que hoy sin declarar sus riquezas morimos en ellas
hasta para renovar la cédula de identidad porque todo se ha privatizado.
Queremos poner un impuesto ahí, que se acaben los privilegios a UPM 2 que se
lleva el 7% del PIB en regalías, dinero no cobrado por el Estado.
Queremos un cambio en la política
impositiva y queremos mediante eso apoyar un proyecto de desarrollo nacional
que tiene dos componentes: un Estado con empresas como frigoríficos, flota
pesquera y una auditoria transparente y permanente por parte del Parlamento y
de los propios funcionarios para evitar la corrupción”.
UPM 2
Fue crítico una vez más con la
decisión del gobierno en cuanto a la instalación de la segunda planta de UPM
señalando que pese a que ello ha sucedido la desocupación “sigue avanzando en
el país aunque quieran decir que decrece”.
Esta segunda planta dijo, no es
sólo la planta de celulosa más grande del mundo; “es una zona franca de 550
hectáreas, exenta de impuestos, es un proyecto ferroviario de uso preferencial
para UPM por el cual el pueblo uruguayo pagará 400.000 dólares diarios y por el
cual se endeuda en 2.600 millones de dólares afectando importantes poblados del
interior y barrios de Montevideo. Vamos a tener el tren de la muerte”
Se trata dijo, de “un proyecto
portuario que desplaza y golpea a la pesca nacional, es un proyecto de energía
eléctrica que avanza en la privatización de las empresas públicas y por el
cual el Estado se obliga a comprar toda la energía aunque no la necesite, por
un precio muy alto durante 20 años transfiriendo así unos 1400 millones de
dólares a la multinacional.
Es un proyecto forestal de 90.000 hectáreas que se
suman a las ya 1.5 millones de hectáreas de eucaliptos, modelo forestal que ha
expulsado a pequeños productores del campo, que destruye empleo, que contamina
y que deteriora seriamente la soberanía alimentaria.