El Director del BPS en representación de los trabajadores Ramón Ruiz recibió duras críticas cuando dio a conocer su postura de que los militantes que distribuyen listas en la vía pública, deben estar inscriptos en el BPS, más allá de que se trate de una changa. Ruiz basó su argumentación en que si sufren un accidente en la vía pública nadie se hará responsable.

Miles de militantes de todos los partidos que se encuentran en estos momentos distribuyendo listas en la vía pública o realizando tareas de instalación de cartelería o volanteada, tendrán que estar registrados formalmente en el caso de que reciban algún tipo de pago o compensación por su labor.

El Director del organismo en representación de los trabajadores Ramón Ruiz, defendió esta postura y recibió duros reproches en razón no sólo de la imposibilidad de llevar a cabo una inspección tan voluminosa sino por el escasísimo tiempo en que se desarrolla la labor, que implicaría para el BPS un trabajo caótico de registro por muy poco dinero.

El Frente Amplio se expresó a través del diputado Alejandro Sánchez, quien dijo que si la Ley de Financiamiento de los partidos políticos estuviera aprobada, se podría regular la situación de quienes trabajan en negro repartiendo listas en los períodos electorales.

Sánchez dijo que la normativa preveía la diferencia entre militantes y funcionarios o contratados, con la finalidad de delimitar entre lo que es una tarea voluntaria, un empleo o lo que suele ser un trabajo en negro.

De cualquier manera, todo apunta a la aparición de Juan Sartori y sus posibilidades de financiar tareas de campo a través de la multiplicidad de individuos de todas las edades.