El Observatorio Luz Ibarburu que tiene la responsabilidad de velar por la búsqueda de la verdad y la justicia, tema de “absoluta vigencia y necesidad de revindicar”, estuvo en Mercedes aportando detalles de los trabajos que se han venido y se vienen haciendo tratando de desentrañar los misterios que impiden que muchas familias aún no sepan “donde están sus muertos”.

Crónicas dialogó con Fernanda Aguirre, secretaria ejecutiva del PIT-CNT y responsable de DDHH de la Central, explicó que aún hoy a más de 30 años de recuperada la democracia y el cierre del período dictatorial, muchos de los responsables de crímenes de lesa humanidad “están sueltos y nuestros compañeros están desaparecidos”.

Aseveró entre otros conceptos que “que hoy el Estado tiene que hacerse cargo de lo que no se ha hecho, porque es el aparato del Estado el que debe juzgar y condenar a los responsables” enfatizó. 

Aguirre dijo que no se trata de un problema del pasado reciente, sino que es presente,  y que “hoy todos nosotros, incluso y especialmente menciono a los jóvenes, andan caminando por las calles entre los responsables de crímenes de lesa humanidad, como si eso fuera un valor con el que hay que convivir; como si caminar entre los torturadores fuera algo aceptable. La impunidad no es algo aceptable y es inadmisible pretender perdonar cosas que hicieron que son imperdonables”.

El Observatorio y la Realidad

Recordó que el Observatorio es una red de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en los derechos humanos relacionados con el pasado reciente en Uruguay. Se creó en los primeros meses de 2012, a iniciativa de la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT CNT para impulsar una ley que asegurara el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman vs Uruguay. Inicialmente esas organizaciones fueron el Grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; HIJOS; SERPAJ, CRYSOL, las fundaciones Mario Benedetti y Zelmar Michelini, la Mesa Permanente Contra la Impunidad; FUCVAM, FEUU, ONAJPU, el Movimiento de Educadores por la Paz, el Colectivo Pro Derechos, el Colectivo de Denunciantes del 2011 y la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca. Luego se sumaron otras y la presentación pública del OLI fue el 10 de octubre de 2012 en el Palacio Legislativo.

Indicó que todo esto llevó a que el Estado tuvo que actuar para remover los obstáculos jurídicos y políticos que desde la aprobación de la Ley de caducidad habían impedido la acción de la justicia. Se reactivaron, dijo, “antiguas causas que estaban archivadas y se presentaron nuevas denuncias. El nuevo escenario anunció obstáculos políticos, administrativos y jurídicos. Por eso las organizaciones de derechos humanos crearon un espacio de acción social desde donde vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. Para eso fundamos el Observatorio Luz Ibarburu. Los que se pretende observar es que la investigación, la justicia y la sanción de los culpables se hiciera, como lo estableció la Corte Internacional de Derechos Humanos, de manera eficaz y en un plazo razonable. Eso exigía una visión panorámica de todo el proceso, mirar lo que se hacía y lo que no. Esto era posible construyendo una base de datos a partir de la cual observar con objetividad el curso de las denuncias. Esa base es de acceso público en el sitio web www.observatorioluzibarburu.org. Comenzamos el trabajo con 226 expedientes de denuncias en todo el país”.

Resultados

Hoy después de más de 30 años, “hay todavía muchas trancas, el proceso de justicia no culmina, se tiene todavía un montón de estrategias dilatorias por parte de los defensores de los represores en todas las causas penales y también el propio sistema judicial y el aparato del Estado en su conjunto no funciona eficazmente para que los juicios se den en un tiempo razonable”.

Creemos, añadió, “que hay una voluntad política expresa de que esto no prospere. Entendemos que hay que transformarla, hubo algunas señales y algunos avances en el ultimo periodo pero falta mucho”.

Destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad “pero no es suficiente tampoco porque hay una serie de cuestiones mas que deben modificarse para que podamos lograr la tan anhelada verdad y justicia que perseguimos”.

El diagnóstico que hacen “no es bueno ni alentador y esto también es parte de la batalla por la verdad, de la complicidad y las omisiones del Estado. Sin embargo la situación no es tan desfavorable como cuando se aprobó la ley de caducidad. Ahora tenemos el respaldo de normas internacionales y un gobierno que, con matices, no respalda la impunidad. 

Aguirre señaló que en el actual periodo de gobierno “ha habido algunas modificaciones, no es lo mismo que en los gobiernos de derecha pero de ninguna manera ha habido cambios en el sistema judicial y en la práctica del Estado, suficiente como para que hoy tuviéramos el resultado esperado”. La responsabilidad de que el tiempo pase y que la impunidad biológica prospere la tienen todos, subrayó. Cuando no se dota de la cantidad de funcionarios necesarios para que la vista de los expedientes estén en tiempo y forma es absoluta carga para el Estado, remarcó.

“Creemos que se debe diseñar una política de persecución criminal para los delitos de lesa humanidad y no se ha hecho, ha llevado adelante acciones aisladas que han permitido desatranques puntuales y circunstanciales algunas de ellas pero no son suficientes para cambiar la realidad que tenemos”, manifestó.

Indicó que en estos tiempos electorales es cuando debe definirse gran parte de la lucha contra la impunidad. La batalla contra el tiempo es decisiva. Los procesamientos siguen siendo escasos y las causas judiciales transcurren lentamente. Las víctimas siguen sin tener respaldo en las estructuras estatales y no existe una persecución eficaz de la criminalidad del terrorismo de Estado. Estamos convencidos de que el OLI es una herramienta que contribuye a neutralizar esa tendencia, concluyó. Ampliaremos.