Una denuncia presentada ante la Cámara de Representantes por un grupo de vecinos enumera en un documento de 61 puntos, las razones para denunciar la "transgresión del orden constitucional y la necesidad de que se apliquen las potestades del Artículo 93 de la Constitución contra la instalación de la planta UPM. Argumentan que la cláusula incluída en el acuerdo de inversión, extenderá sus efectos durante varias décadas, condicionando a los futuros gobiernos nacionales y departamentales, sin que UPM asuma obligaciones a cambio del beneficio recibido.

Las condiciones pactadas incluyen la obligación de exoneraciones tributarias, el régimen de zona franca, el uso gratuito del agua del río Negro, la recategorización de padrones rurales, la modificación del ordenamiento territorial, el uso preferente de una vía férrea y la adquisición a precio pre-fijado de la energía eléctrica que produzca la nueva planta, por lo que el Estado uruguayo no recibirá utilidades ni beneficios proporcionales a la inversión que realizará para que el proyecto sea posible.

El próximo lunes se presentará en el Parlamento el referido documento para que el cuerpo legislativo actúe en consecuencia.