El proyecto original establecía que la madre tendría diez días para impugnar una supuesta información falsa o incompleta, mientras que ahora el plazo se extenderá a 30 días.

La iniciativa obliga a todo aquel padre sobre el que se hubiese iniciado una demanda de pensión alimenticia, a presentar una declaración jurada de bienes e ingresos, que en caso de fraguarse o de resultar incompleta, puede dar motivo a fuertes sanciones por parte de la justicia.

Para tipificar la comisión de un delito, el Juez se apoyará en el ordenamiento jurídico que prevé el Artículo 239 del Código Penal, al tiempo que la iniciativa del Parlamento se complementa con la Ley 19.480 que estableció crear un registro por parte del Banco de Previsión Social de las personas que están obligadas al pago de pensiones alimenticias. Hasta ahora se asegura que casi la mitad de los niños menores de cuatro años que tienen padres separados, divorciados o que nunca vivieron con ellos, no reciben el dinero que les corresponde.

Muchas veces ocurre que se fraguan las declaraciones juradas o el padre se pone de acuerdo con el empleador para hacer figurar un sueldo menor o lisa y llanamente trabaja en negro.