La postergación a febrero de 2020 del inicio del período de movilidad regulada se realizó mediante  decreto. Este lunes 19 en la sede ministerial de Salud Pública, el titular de la cartera, Jorge Basso, y el subsecretario, Jorge Quian, explicaron que el Gobierno y los prestadores trabajan desde hace un tiempo en la trazabilidad del sistema de movilidad, pero añadieron que requiere de mayores fortalezas para su funcionamiento y, en paralelo, del fortalecimiento de la figura penal correspondiente a la intermediación lucrativa. “Se requiere actuar desde el punto de vista jurídico en promover una extensión del marco legal punitivo que define la intermediación lucrativa como un delito, extendiéndola a toda la cadena de responsabilidades vinculadas a este tema”, explicó Basso en alusión a la elaboración de un proyecto de ley, para lo cual el Gobieron solicitará colaboración a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía.

Explicó que “en 2017 se generaron procesos y procedimientos, fueron sancionadas y fueron a la cárcel personas por este tema”, pero “son todas causas abiertas, se siguen haciendo acciones y la Justicia no estableció que estén totalmente claras, al menos siguen abiertas”, dijo. “Esto determina que tengamos que tomar mayores precauciones, mayores certezas de que estamos en la dirección correcta para evitar que el dinero que aportamos todos los uruguayos para el Fondo Nacional de Salud se destine a la intermediación lucrativa”, agregó.

El ministerio recuerda que los usuarios pueden cambiarse de prestador en cualquier momento, ya sea por cambio de domicilio o por demostrar pérdida de confianza en la institución a la que estaban afiliados. En el último año se cambiaron 18.000 personas por estas causas.